El conflicto entre habitantes de Santa María la Alta y el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez continúa sin resolverse, ante la exigencia de los pobladores de recibir más de 30 millones de pesos por concepto de participaciones y recursos del Ramo 33, mientras que el gobierno municipal sostiene que no existe fundamento legal para realizar las transferencias en los términos solicitados.
Armando Sandoval, director jurídico del Ayuntamiento, explicó que los inconformes han señalado como antecedente de sus demandas una reunión celebrada el pasado 4 de julio con representantes de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, aseguró que el procedimiento legal para impugnar el acuerdo de Cabildo, mediante el cual se estableció una cantidad distinta a la que esperaba la comunidad, no se promovió dentro del plazo correspondiente.
De acuerdo con el funcionario, esta situación provocó que la resolución quedara firme, por lo que actualmente el gobierno municipal debe acatar el acuerdo plenario emitido por el Tribunal. En ese sentido, afirmó que el Ayuntamiento está legalmente impedido para realizar las transferencias que reclaman los habitantes.
Sandoval indicó que sí existe una previsión para asignar recursos a Santa María la Alta a partir del ejercicio fiscal 2027, por un monto de 50 mil pesos provenientes de participaciones. Aclaró que esta cantidad no corresponde al Ramo 33 y que su entrega no está contemplada para el presente año.
Por su parte, los habitantes de la comunidad mantienen su exigencia de recibir más de 30 millones de pesos, monto que, según sus planteamientos, equivale al 13 por ciento del total de los recursos municipales distribuidos entre las distintas localidades.
El director jurídico señaló que la postura del Ayuntamiento ya fue expuesta a los inconformes; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita poner fin a la disputa. La falta de entendimiento ha mantenido las protestas y los bloqueos carreteros, con una nueva movilización registrada este día.
Finalmente, Sandoval manifestó que el gobierno municipal espera retomar el diálogo con los habitantes para encontrar una salida al conflicto y evitar que los cierres viales continúen afectando a terceros. Reiteró que, desde la perspectiva de la administración municipal, cualquier determinación deberá apegarse a las disposiciones legales y a las resoluciones judiciales vigentes.
