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Pobladores de Alcomunga denunciaron la aplicación de multas por llevar a sus hijos a estudiar a otras escuelas fuera de la comunidad
A través de una denuncia pública, habitantes de la comunidad de San Sebastián Alcomunga en Ajalpan, expusieron que se está cometiendo una injusticia porque les quieren imponer multas de hasta 10 mil pesos por llevar a sus hijos a otras escuelas que no pertenecen a la junta auxiliar.
Mediante un escrito, que fue difundido en redes sociales expresaron su preocupación y se dijeron alarmados, pues en el caso de no cumplir con la multa, los padres de familia serán acreedores a pagar con cárcel, acción que les parece esta fuera de la legalidad.
Indicaron que la única prueba física con la que cuentan es un citatorio, en el cual no se menciona la cantidad de la multa, pero al acudir se les informa que tienen que cubrir una sanción de 10 mil pesos por llevar a sus hijos a estudiar a otras comunidades.
Asimismo, dijeron que se están aplicando otras multas sin sustento ni transparencia, y no se sabe en dónde queda el dinero, además de que a la gente se le presiona para firmar documentos o acuerdos sin explicarles de qué se tratan.
Al respecto, Eligio Martínez, presidente auxiliar de la comunidad, negó rotundamente que se estén aplicando dichas sanciones a la población, sin embargo, aceptó que a través de una asamblea se consideró la medida, además de que les pidieron a los padres de familia llevar a los alumnos que cursan preescolar, primaria, secundaria y bachillerato a los planteles de la localidad, con el objetivo de que la matrícula crezca y sigan contando con la plantilla completa de docentes, pues en ciclos escolares pasados han padecido por la falta de maestros principalmente en preescolar y bachillerato.
Los pobladores pidieron la intervención de la Secretaría de Educación y de las autoridades competentes para revisar cada caso y frenar los supuestos abusos que afectan directamente a las familias y a los estudiantes que solo buscan ejercer su derecho a la educación.
Mediante un escrito, que fue difundido en redes sociales expresaron su preocupación y se dijeron alarmados, pues en el caso de no cumplir con la multa, los padres de familia serán acreedores a pagar con cárcel, acción que les parece esta fuera de la legalidad.
Indicaron que la única prueba física con la que cuentan es un citatorio, en el cual no se menciona la cantidad de la multa, pero al acudir se les informa que tienen que cubrir una sanción de 10 mil pesos por llevar a sus hijos a estudiar a otras comunidades.
Asimismo, dijeron que se están aplicando otras multas sin sustento ni transparencia, y no se sabe en dónde queda el dinero, además de que a la gente se le presiona para firmar documentos o acuerdos sin explicarles de qué se tratan.
Al respecto, Eligio Martínez, presidente auxiliar de la comunidad, negó rotundamente que se estén aplicando dichas sanciones a la población, sin embargo, aceptó que a través de una asamblea se consideró la medida, además de que les pidieron a los padres de familia llevar a los alumnos que cursan preescolar, primaria, secundaria y bachillerato a los planteles de la localidad, con el objetivo de que la matrícula crezca y sigan contando con la plantilla completa de docentes, pues en ciclos escolares pasados han padecido por la falta de maestros principalmente en preescolar y bachillerato.
Los pobladores pidieron la intervención de la Secretaría de Educación y de las autoridades competentes para revisar cada caso y frenar los supuestos abusos que afectan directamente a las familias y a los estudiantes que solo buscan ejercer su derecho a la educación.