La Asociación Civil TAC; Una Protección al Entorno, informó que mediante una resolución de un juzgado federal se inició un procedimiento contra servidores públicos del municipio de Tehuacán y de sus juntas auxiliares, luego de que se documentara el incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales que prohíben el uso de pirotecnia en la demarcación.
De acuerdo con una resolución emitida el pasado 28 de octubre de 2026, un juzgado federal determinó que existen elementos para considerar fundada la repetición del acto reclamado, debido a que las autoridades municipales no han cumplido de manera efectiva la sentencia dictada el 29 de abril de 2024.
Dicha resolución fue emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y posteriormente confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Ambas determinaciones establecen la prohibición definitiva del uso de cualquier tipo de pirotecnia en el municipio de Tehuacán.
El incumplimiento de estas disposiciones ha sido señalado por ciudadanos y organizaciones defensoras del medio ambiente, así como por familias de personas neurodivergentes, pacientes hospitalizados, adultos mayores y personas que enfrentan enfermedades como el cáncer. También se han sumado propietarios de mascotas, quienes han presentado quejas y evidencias ante las instancias judiciales sobre la detonación de fuegos artificiales en distintas comunidades del municipio.
Las denuncias apuntan a que, pese a las resoluciones judiciales, funcionarios municipales y autoridades de juntas auxiliares han mantenido prácticas que aparentan dar cumplimiento a la sentencia, mientras continúan registrándose detonaciones de pirotecnia.
Incluso, se ha señalado que algunas autoridades han recurrido a interpretaciones de carácter jurídico para limitar o distorsionar el alcance de la prohibición.
Con la nueva resolución, la situación jurídica de los servidores públicos señalados queda sujeta a la intervención de instancias federales, incluido un Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el derecho a la salud de la población, particularmente de quienes pueden verse afectados por el ruido y las detonaciones de artefactos pirotécnicos.
La prohibición de la pirotecnia en Tehuacán no deriva de una disposición administrativa temporal, sino de dos resoluciones judiciales federales que deben ser acatadas por las autoridades municipales y auxiliares.